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Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

Temes sobre Persones Grans que no es poden valer per sí mateixes / Temas sobre Mayores que no pueden valerse por sí mismos

Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dj. oct. 08, 2009 2:33 pm

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Trinidad Jiménez pide disculpas por los retrasos de la ley de la Dependencia
La ministra de Sanidad dice que a finales de año habrá 500.000 personas atendidas

JOSEP PLAYÀMASET - Barcelona

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, pidió ayer "disculpas" a todas las personas que aún no se han podido incorporar al sistema de ayuda que permite la ley de la Dependencia. La ministra reconoció que el ritmo de incorporación no es el que se pretendía ni el que los afectados desearían, pero pese a ello destacó que a finales de año "cerca de medio millón de personas habrán visto reconocido un derecho subjetivo y consolidable de por vida".

La ministra asistió en Barcelona, acompañada del presidente de la Diputación de Barcelona, Antoni Fogué, y del presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, a la clausura de la jornada sobre La ayuda domiciliaria y el Servicio Local de Teleasistencia.Antes en rueda de prensa recordó que la ley de la Dependencia se aprobó hace sólo dos años y medio y que en este corto periodo de tiempo se ha tenido que ordenar la situación, atender las peticiones, valorarlas y decidir quién tiene derecho. Según Trinidad Jiménez, ha sido un proceso complejo en el que las administraciones han hecho un gran esfuerzo presupuestario. Precisó que durante el verano se han incorporado 30.000 personas cada mes al sistema de dependencia y que ese ritmo se va a superar en los próximos meses. Pese a reconocer que "somos sensibles a las críticas", vaticinó que en el 2015 estará completado el sistema de dependencia. Actualmente 9 de cada 10 peticiones han sido ya evaluadas y 2 de cada 3 han recibido atención (prestación económica o servicio).

La ministra anunció que a finales de año estará acabado el libro blanco sobre las personas mayores, realizado por distintos expertos, que debe servir para elaborar en el 2010 el Plan de Promoción del Envejecimiento Activo. Ayer se celebraba precisamente el Día de las Personas Mayores. Actualmente hay en España 7 millones de personas de más de 65 años pero se calcula que en el 2050 habrá más de 16 millones.

En la jornada de ayer, se hizo balance del servicio de teleasistencia que sólo en la provincia de Barcelona alcanza a 48.000 usuarios, mientras que en el conjunto de España llega apenas a los 208.000. La obra social de Caixa Catalunya apoya ese proyecto y con sus ayudas llega a cubrir 6.000 casos.

El alcalde de Gironella, Ramon Costa, pidió a los políticos "que no hagan leyes que generan falsas expectativas" yque "todos los partidos políticos en temas de país como la ley de la Dependencia sean capaces de ponerse de acuerdo". Al acto no asistió ninguna representación del Departament d´Acció Social pero posteriormente la ministra se reunió con la consellera Carme Capdevila y el presidente José Montilla en el Palau de la Generalitat.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dv. oct. 09, 2009 11:10 am

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Ja tinc la dependència

DOLORS PALOU I SEGÚ
Barcelona


Em sembla que aquesta ja és l'última carta que escric al diari que amablement ha donat veu al meu neguit. Us faig saber que, finalment, les demandes d'aquesta velleta de 101 anys han estat ateses i he començat a rebre l'ajut promès. M'he alegrat molt i no voldria fer-me pesada, però com que l'edat m'ho permet, demano a qui correspongui que, si us plau, feu arribar aquestes prestacions el més aviat possible a tantes persones que encara les esperen en situacions com era la meva, o qui sap si pitjors.

Gràcies a tots els que heu seguit aquesta petita història i que tingueu molta sort.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dc. oct. 14, 2009 2:48 pm

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A qui correspongui
JOAN MELLADO I CAMPMAJOR. GIRONA,

Amb tota la humilitat possible i sense ànim de molestar-los, voldria sol·licitar que es dignessin a donar curs a la prestació ja reconeguda i qualificada amb data 7-08-09 de grau 3 i nivell 2 de dependència del meu pare, de 91 anys (va néixer el 28-12-1917), que va ser demanada el dia 5 de març del 2008.

Es ben curiós i significatiu que regali molts bitllets, el senyor Millet... i que ara no hi hagi quatre bitllets per atendre les mínimes necessitats d'assistència i serveis socials dels nostres avis. Senyors (a qui correspongui), vostès que son directors i caps de serveis... i que per tant cobren un bon sou i tenen la cadira segura, no han de patir les incomoditats i els problemes que tenim els familiars per causa, del tot injustificada, del retard de la percepció de l'ajut sol·licitat i que segons es llegeix en els seus escrits ja està resolt.

Des de fa unes quantes setmanes vaig i vinc del Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat als Serveis d'Atenció a la Gent Gran de l'Ajuntament de Girona, i naturalment sóc una visita incòmoda... però he arribat a la conclusió que en el fons els dec fer gràcia... ja que ni els uns ni els altres no resolen res i em diuen: «Molt amable... Joan, torni d'aquí a uns dies.»

En fi... no sé què més dir (a qui correspongui), que espero i desitjo poder continuar pensant que encara queda una mica de dignitat en algun racó de la nostra estimada administració de la Generalitat de Catalunya.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dc. nov. 18, 2009 10:27 am

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La evaluación del comité de expertos
La insostenible Dependencia
Un grupo de expertos evalúa el sistema tres años después de aprobarse la ley
JOSEP PLAYÀ MASET - Barcelona

El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) puesto en marcha hace tres años es insostenible. Así lo afirma el informe de cinco expertos elaborado a petición del Congreso que ha puesto sobre el papel las reiteradas quejas que formulan las comunidades autónomas y los usuarios ante los retrasos y las dificultades para el cumplimiento de la ley.

Guillem López Casasnovas, uno de los autores del informe presentado hace escasos días, considera que "se ha creado una dislexia entre las expectativas generadas por lo que se ha llamado el cuarto pilar del Estado de bienestar y la realidad posterior". Por un lado, se ha desbordado la demanda de solicitudes de ayuda, por encima de la media de otros países, y además el número de solicitudes admitidas ha sido también muy alto (más del 90%). Por otro, la oferta de servicios es la misma, ya que la ley no crea nuevas infraestructuras y servicios. Y estas disfunciones se han visto agravadas por la situación económica. "La memoria económica - dice López Casasnovas-se hizo en la fase álgida del ciclo, con un PIB expansivo, y hoy se demuestra que algunos cálculos, como las posibilidades de creación de nuevo empleo en ese sector, eran ridículos, se habló incluso de filón de puestos de trabajo". La inexistencia de más recursos sociales accesibles (residencias de día, rehabilitación, etcétera) se ha compensado con las prestaciones económicas, que acaban siendo la solución al problema planteado desde las familias. La ayuda al cuidador familiar debía ser una excepción y se ha convertido en la norma, pero eso dispara la factura.

Los autores del informe aseguran que la solución pasa primero por priorizar las necesidades y segundo por buscar nuevas fórmulas de financiación. Es decir, dar absoluta prioridad a la gran dependencia y garantizar su acceso universal, aunque eso signifique retrasar la entrada en el sistema de otros usuarios con dependencias leves o moderadas. Sobre esa propuesta existe cierto consenso, incluso por parte del secretario general de política social y consumo del PSOE, Francisco Moza, que en cambio rechazó en el Congreso todas las propuestas de refinanciación.

En el informe han participado Guillem López Casasnovas, catedrático de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) y experto en economía sanitaria; Montserrat Cervera, consultora y ex directora general del Institut Català d´Assistència i Serveis Socials; José Antonio Herce, analista financiero de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada; Gregorio Rodríguez Cabrero, catedrático de la Universidad de Alcalá, y Simón Sosvilla, catedrático de la Universidad

Complutense y uno de los redactores del libro blanco sobre la ley de la Dependencia.

Carme Capdevila, consellera de Acció Social, considera que el año 2010, en el que no entra ningún grupo nuevo en el sistema de la dependencia, debe aprovecharse para realizar una evaluación del modelo y para plantear cómo se puede pagar. "Tal como se hizo en Alemania o en Francia, hay que aprovechar el 2010 para hacer un replanteamiento, garantizar la protección a los más necesitados y analizar cómo se afrontan los próximos años, y esto es una responsabilidad del Consejo Territorial de la Dependencia". El diputado de CiU Carles Campuzano va más allá y pide "un amplio acuerdo político" para "revisar la ley".

La ley de la Dependencia estaba pensada inicialmente para la gente mayor y sólo en el último momento se amplió. Sin embargo, hay coincidencia también en que los baremos para la entrada en la dependencia deben revisarse especialmente para los casos de salud mental y algunos tipos de discapacidad intelectual. Asimismo, hay acuerdo generalizado entre las comunidades autónomas de que los procedimientos han de ser garantistas y deben simplificarse.

Pero el gran debate se centra en la financiación. Los expertos han propuesto hasta ocho fórmulas para pagar la dependencia que han levantado ampollas. Incluso la consellera Capdevila, muy favorable en general a las tesis del citado trabajo, considera que las propuestas "son de tono muy liberal" y prefiere otras alternativas, sin especificarlas. "Es cosa del Estado, no es nuestro problema", añade.

El Gobierno calla, pero el diputado Francisco Moza (PSOE) ha rechazado todas las propuestas, excepto la del aumento del IVA, que ya ha sido adoptada. López Casasnovas matiza que si hay un aumento del IVA se debería especificar que es para gasto social y que la población lo pueda ver. Del resto de las fórmulas propuestas, el catedrático de la UPF destaca la prima única a los 65 años (o antes), lo que supondría establecer un seguro de dependencia (pagadero contra patrimonio o como parte de un esquema de hipoteca inversa). Otra fórmula similar serían las primas regulares, consistentes en un seguro obligatorio de dependencia a partir de cierta edad (equivalente a una cotización). En todo caso, dice, "es necesario hacer una pedagogía previa" y a lo mejor "animarla fiscalmente, con un paternalismo libertario a la sueca". Otras fórmulas son establecer una cotización social adicional a la que ya existe para las pensiones; crear un impuesto subyacente sobre el patrimonio o recurrir a los impuestos generales.

Los redactores del informe son conscientes del rechazo que concitan algunas de estas propuestas. Pese a ir contracorriente, López Casasnovas defiende incluso la persistencia del impuesto de sucesiones, pero propone que sea finalista, es decir, destinado a mejorar la ayuda a la dependencia. "Lo siento, la situación es dramática y nuestra obligación es ofrecer soluciones, no ser un placebo para el Gobierno", dice a modo de conclusión.



FINANCIACIÓN DESEQUILIBRADA
1,5%
La aplicación de la ley de la Dependencia supone actualmente un 0,6% del PIB, pero, de acuerdo con las previsiones actuales, en el 2015 representará el 1,5% del PIB.


El modelo de financiación que presupone la ley es el de tres tercios, a repartir, a partes iguales, entre el Estado, las autonomías y los beneficiarios de la prestación. La aportación del usuario es mínima. Sobre la aportación del Estado hay discrepancias en función de cómo se valoran las infraestructuras ya existentes, pero a través de las dos vías utilizadas oscila entre el 20% y el 24% del coste. Las comunidades autónomas deben asumir el déficit generado, que representa el 60% del servicio. Desde la Generalitat se repite: "Por cada tres euros que aportamos, Madrid sólo destina uno".



APORTACIÓN DEL USUARIO
10%

La aportación del usuario prevista por ley era del 33% del coste del servicio, pero los cálculos indican que se sitúa en torno al 10%, aunque oscila del 8% al 12%, según las comunidades.



Ayudas concedidas
Con fecha 1 de septiembre del 2009, se habían concedido 444.476 ayudas



Cuidador familiar
El 51,5% de las ayudas son pagos para el familiar que cuida de una persona anciana en casa



Atención residencial
Sólo un 19,4% de las ayudas son para pagar un geriátrico y un 5% para centros de día/ noche, menos de lo previsto por falta de plazas



Otras acciones
Hay un 10% de ayudas a domicilio y otro 6,4% a teleasistencia



Los excesos numéricos
DEMANDA ELEVADA.

En España hay un número más elevado que en otros países de personas con nivel de dependencia grave. Las solicitudes rechazadas han sido sólo el 10%, lo que significa que los controles han sido demasiado laxos. El Departament d´Acció Social defiende que en Catalunya se ha dado información exhaustiva y que el 20% de rechazos indica que "se ha afinado mucho". Pero reconoce que el número final ha sido más alto del previsto porque "el 50% de solicitudes son de gente que nunca se había puesto en contacto con los servicios sociales".
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dt. des. 01, 2009 3:10 pm

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Un jutge madrileny dóna els no avaluats per dependents
El TSJ de Madrid diu que si no es respon en 6 mesos, es tindrà dret a l'ajut
CiU exigeix celeritat al govern


SÒNIA PAU

El col·lapse que comporta el desplegament de la llei de la dependència es pot complicar encara més si prosperen decisions judicials com la de la setmana passada a Madrid, on un jutge va sentenciar que si un ciutadà no rep resposta al cap de sis mesos d'haver sol·licitat ser avaluat com a dependent, queda reconegut com a beneficiari de l'ajuda que marca la llei.

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha admès parcialment la demanda interposada per la Plataforma per la Dependència d'Alcorcón i anul·la el procés de regulació establert per la comunitat madrilenya, segons el qual el silenci administratiu un cop passats sis mesos des de la petició de la valoració significava la denegació automàtica de la condició de dependent.

A Catalunya, alguns membres del col·lectiu Papás de Àlex, que aplega famílies amb fills que pateixen alguna discapacitat, també han dut als tribunals algun cas per demanar que el silenci administratiu s'interpreti de forma positiva, és a dir, que doni accés a les prestacions i serveis que estableix la llei. Però la cosa no queda aquí: el diputat de CiU Josep Lluís Cleries defensarà dimecres al ple del Parlament una moció a favor que si els sol·licitants no tenen una resposta en el temps que indica la normativa, tinguin automàticament dret a l'ajuda. "No pot ser que les persones amb dependència surtin perjudicades per una mala gestió del departament d'Acció Social", es queixa Cleries.

Segons les últimes dades fetes públiques pel departament, que corresponien a finals de juny, de les 115.114 persones que tenen reconegut el dret a una prestació o servei per la seva dependència, només 73.103 la rebien. Això vol dir que hi havia una llista d'espera de 42.000 persones.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dc. des. 02, 2009 12:01 pm

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Dependència
El 13/VII/2007 vaig presentar la sol·licitud de reconeixement de dependència pel meu pare. El 6/IX/2007 el personal tècnic va resoldre que el meu pare tenia un grau III i nivell 1 de dependència, amb dret a rebre un ajut. El meu pare va morir el dia
13/XII/2007, fet que vam comunicar al Departament d'Acció Social i Ciutadania.

Després d'aquell dia he anat informant- me sobre la situació de la resolució de l'ajut previst. La resposta sempre era la mateixa: no en sabem res, vagi trucant. Sempre excuses per tractar de justificar una llei que ha resultat un gran desastre.
I fa pocs dies m'informen que ha sortit una nova disposició que diu que com que no havíem signat l'acord econòmic, la seva vídua (la meva mare) no té cap dret a rebre res. No cal dir que no sé de quin acord em parlen, ja que mai ens han presentat cap paper per signar.

Vull expressar la meva profunda indignació pel que constitueix un dels fets més immorals que he viscut: enredar un pobre home a les portes de la seva mort perquè cregués en uns polítics que prometien una llei que tindria en compte les necessitats d'ajut de la gent amb problemes de dependència.

El meu pare s'ho va creure.

JULIÁN REVUELTA MUSTÉ
Barcelona
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dj. feb. 11, 2010 1:21 pm

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Difícil despliegue

La ley de Dependencia suscitó altas expectativas tras su aprobación hace más de tres años, pero su despliegue ha dado al traste con ellas para buena parte de sus eventuales destinatarios.

La Encuesta de Discapacidad correspondiente al 2008 –presentada en noviembre pasado– revelaba que 200.000 de los 1,8 millones de discapacitados graves en España no reciben ninguna ayuda de la administración, cuando antes eran el grupo prioritario de la ley de Dependencia. En total, el 47% de los dependientes paga de su bolsillo el coste de los servicios que necesita para seguir con su vida cotidiana.

Los retrasos para desplegar la normativa llevaron a la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, a pedir disculpas en octubre. Según Jiménez, a 1 de enero del 2010 medio millón de personas deberían ser ya beneficiarias de las ayudas del Estado y comunidades autónomas, aunque no está claro que se haya logrado tal objetivo. Pese a las buenas declaraciones de intenciones, la viabilidad del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia ha sido cuestionada. A finales del año 2009 un grupo de cinco expertos elaboró un informe a petición del Congreso.

La conclusión era tajante: la ley de Dependencia es “insostenible”. Por un lado, se ha desbordado la demanda de solicitudes de ayuda, por encima de la media de otros países, y además el número de solicitudes admitidas ha sido también muy alto (90%). Tampoco se han creado nuevas infraestructuras ni servicios para absorber la demanda. La falta de recursos también ha dificultado la situación.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dv. feb. 19, 2010 2:52 pm

http://www.elmundo.es


El Cermi pide que la Seguridad Social gestione la Dependencia
PALOMA D. SOTERO /Madrid

El tercer pilar del Estado de Bienestar se tambalea. El desarrollo dispar de la Ley de Dependencia en las comunidades no garantiza los mismos derechos para todos, y la crisis económica está causando estragos en la concesión de ayudas y prestaciones, según un informe del Comité Español de Representantes de Minusválidos (Cermi), presentado ayer.

Paulino Azúa, coordinador del informe, repasó las principales desigualdades autonómicas: en el tiempo de evaluación y de adjudicación de ayudas; en las incompatibilidades de las prestaciones; en el tipo de profesionales que evalúan a los dependientes; en la cantidad que deben abonar las familias (copago), que la mayoría no ha regulado...

«Una persona puede ser dependiente en una comunidad y en otra no», denunció Luis Cayo, presidente del Cermi. «Pedimos que se reconsidere incluir la dependencia en el sistema de la Seguridad Social para evitar que haya 17 sistemas diferentes».

Entre los problemas comunes detectados: falta de recursos para garantizar el nuevo derecho, retrasos de un año en el reconocimiento de prestaciones, y de más tiempo para su concesión; atribución de ayudas sin consultar al beneficiario; evaluaciones que se hacen por teléfono...
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dv. març 12, 2010 4:45 pm

http://www.elpais.com/articulo/opinion/ ... iopi_5/Tes


Dependientes, ancianos y políticos sin alma
GABRIELA CAÑAS

Envejecer puede ser, además de irremediable, una pequeña faena de la vida. Envejecer y ser dependiente en España es, sencillamente, una condena que nos aleja del primer mundo al que supuestamente pertenecemos. Nuestro sistema político, con un nivel de protección social muy por debajo de nuestros socios europeos y una pensión media de jubilación de 874 euros que también nos sitúa a la cola, sentencia a la mayoría de nuestros mayores y a sus familias a vivir la última etapa de su existencia como un desesperante calvario.

Los datos son dramáticos: 250.000 personas y, por tanto, 250.000 familias esperan a día de hoy angustiadas a que su comunidad autónoma correspondiente, en caso de que haya tenido a bien responder a sus requerimientos, les otorgue la ayuda a la que, por ley, tienen derecho. La mayoría de los grandes dependientes son ancianos que en muchas ocasiones morirán antes de ser atendidos. El último estudio de la Asociación Estatal de Directoras [no es una errata; es el nombre de la organización en un sector fuertemente feminizado] y Gerentes de Servicios Sociales asegura que la media de espera para lograr ese apoyo estatal tarda entre 12 y 18 meses durante los cuales los ciudadanos están obligados a enredarse en torturantes trámites burocráticos.

La sanidad pública no asume el tratamiento de nuestros grandes dependientes; personas con sus capacidades mentales y físicas mermadas por complicaciones de salud acumuladas en el tiempo. Sus allegados deben hacer malabares en este país para atender a su profesión, a sus hijos y a su vida social mientras cuidan a un mayor que, en ocasiones, necesita ayuda durante las 24 horas del día. Son familias a las que sólo libera la muerte del ser querido. Ésa es la irritante realidad.

Los centros públicos, ya sean residencias o centros de día, administrados por ayuntamientos y comunidades autónomas, suelen estar completos y, además, sólo son accesibles para las rentas más bajas. A los centros privados sólo pueden optar los más pudientes. El resultado es que la mayoría de las familias de este país añaden al dolor de la enfermedad y la pérdida la irritación y la impotencia frente a unos poderes públicos que no ponen el más mínimo interés por aplicar la ley (la de Dependencia) y administrar correctamente los fondos públicos que esos mismos ciudadanos maltratados generan con su esfuerzo y sus impuestos.

Hay pocas comunidades autónomas que hayan desarrollado tan importante ley con la celeridad que merece. Es verdad que la aplicación de la ley requiere estructuras y personal antes inexistentes, pero la enorme disparidad entre unas comunidades autónomas y otras pone de manifiesto que son otros los obstáculos. Hay comunidades en las que los procesos y la cobertura está más avanzada. Son los casos de Andalucía, La Rioja, Castilla y León o Navarra. Otras están regidas por políticos que prefieren ocuparse de otras cosas más importantes, como las bondades de instaurar la cadena perpetua o la visita del Papa a precio de oro.

Deberíamos grabarnos los nombres de algunos de los más desalmados en este terreno: Esperanza Aguirre, Francisco Camps, Ramón Luis Valcárcel, Paulino Rivero Baute... No son nombres elegidos al azar o en función de las afinidades políticas. Son los presidentes de las cuatro comunidades autónomas con un menor índice de población atendida y una gestión escandalosa que obliga a las familias a hacer papeleos aun más allá del año y medio. Esta misma semana, todas se han comprometido a reducir los plazos a seis meses. Sólo el tiempo dirá si se cumple el compromiso.

Tres años después de la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, estos señores, que no tolerarían un solo día de sus vidas sin su coche oficial, siguen poniendo palos en las ruedas de esta norma tan crucial para tantos ciudadanos. Nos escandaliza que en Estados Unidos haya más de 40 millones de personas sin seguro médico alguno. Aquí somos 46 millones de habitantes con el riesgo potencial en un futuro más o menos próximo de ser abandonados a nuestra suerte cuando más lo necesitemos.

El gasto adicional de la Ley de Dependencia lo sufragan al 50% las comunidades autónomas y la Administración central. Es una debilidad de origen, dado que está sujeta a la confrontación y los cálculos electorales de políticos que olvidan que su mandato fundamental consiste en administrar correctamente los fondos públicos que los ciudadanos les han confiado.

Hay en Madrid un centro privado donde intentar la rehabilitación de una persona paralizada por un accidente cardiovascular cuesta 3.200 euros al mes. Los hay más caros y hay algunos (pocos) más baratos. Algunas familias, al cabo de los meses, se llevan al enfermo a casa huyendo de la ruina, aun sabiendo que eso supondrá una tragedia para sus propias vidas. En el vestíbulo del centro hay una placa con el nombre de Esperanza Aguirre y la credencial de calidad de la Comunidad de Madrid. Algunos familiares preguntan si eso significa que podrán obtener alguna ayuda pública por insignificante que sea. La respuesta es no. No hay apoyo público; es que la señora Aguirre fue allí un día a cortar la cinta y dejar inaugurado el lugar.
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Re: Problemes en l'aplicació de la llei de la dependència

EntradaAutor: fatec » dj. abr. 08, 2010 11:43 am

http://www.elpais.com/articulo/sociedad ... isoc_5/Tes


El Tribunal de Cuentas investigará la financiación de la Dependencia
El organismo determinará si los fondos se destinan a la aplicación de la ley

CARMEN MORÁN - Madrid - 02/03/2010

El Tribunal de Cuentas investigará de oficio si los fondos que transfiere el Gobierno a las comunidades para la aplicación de la Ley de Dependencia se están efectivamente usando para ese fin y si las comunidades aportan el dinero al que están obligadas. Tres años después de que entrara en vigor la norma no hay forma de saber ninguna de las dos cosas. Ahora el Tribunal de Cuentas puede poner un poco de luz en este asunto.

La fiscalización de la gestión económico-financiera y de la aplicación de esta ley por parte del Tribunal de Cuentas se hace a propuesta del consejero Ciriaco de Vicente, que está al frente del Departamento Sociolaboral y de la Seguridad Social, pero también contará con la participación del departamento de Comunidades Autónomas, a cargo del presidente del Tribunal, Manuel Núñez Pérez, según ha sabido este periódico.

Desde el Tribunal de Cuentas creen que es conveniente analizar "la aplicación de la ley desde su aprobación hasta ahora" en lo que se refiere a la correcta utilización de los fondos previstos para su desarrollo así como del cumplimiento de los plazos establecidos para el beneficio de los ciudadanos.

Que los plazos para la tramitación y recepción de las ayudas de la Dependencia no se están cumpliendo en casi ninguna comunidad es algo que las propias administraciones han reconocido recientemente, cuando todas aprobaron acortar el tiempo que emplean en esas gestiones.

Nivel acordado

Pero sobre la financiación todo son incógnitas. Se sabe lo que aporta el Gobierno, pero nada del uso que de ello están haciendo algunas comunidades. También se desconoce si las administraciones regionales cofinancian esta ley, es decir, si destinan para su aplicación la misma cantidad que reciben del Estado, tal y como están obligadas (en el llamado nivel acordado).

Un informe de la Agencia de Evaluación que depende del Gobierno ya ponía de manifiesto que "no es posible identificar en los presupuestos las dotaciones que dedica cada comunidad a la Ley de Dependencia". Este informe estaba listo en diciembre de 2008, pero no se hizo público hasta 16 meses después, cuando algunas de las irregularidades que denunciaba ya se habían ido corrigiendo.

La financiación de la Ley de Dependencia ha sido desde su entrada en vigor el asunto más controvertido. Las comunidades insisten en que necesitan más dinero y varios estudios de expertos, incluido el que encargó el Parlamento, han coincidido en que las dificultades económicas podrían hacerla inviable. Se necesita, dijo el informe de expertos encargado por el Congreso, una "financiación pública de suficiente solidez". Si no se toman algunas medidas, "la sostenibilidad de la cobertura de la Dependencia no puede ir sino a peor", advirtieron en su estudio. Y alertaron de que "la universalidad de la ley, como ambición, puede romper el saco de su financiación". Aquel informe económico, como todos los demás, no contaba, sin embargo, con una información fundamental: el dinero que aportan las comunidades para sufragar esta ley. Y no lo tenían porque ninguna comunidad lo ha hecho público con claridad.

A pesar de todo, con los mismos recursos, son muchas las diferencias en el desarrollo de la ley entre unas comunidades y otras.

Así lo reconoció la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, quien acusó a las comunidades hace unos días en el Congreso de tener "errores de cálculo" cuando elaboran sus cuentas de la Dependencia. "No es que las comunidades mientan, pero hay errores", dijo. "A veces, cuando las comunidades hacen cálculos [sobre financiación y coste de la Dependencia], básicamente hacen un cómputo del gasto total de Política Social sin ceñirse al cómputo de la Dependencia. Por eso nos encontramos con tantas dificultades para hacer esos cálculos", aseguró.

Y en esa misma comparecencia anunció que el ministerio está preparando un estudio donde se especifiquen los recursos que aporta cada comunidad para la implantación de la ley. El documento, dijo Jiménez, deberá estar listo en los próximos meses.

Otra cosa es que pasen otros 16 para hacerlo público.

No hay un solo consejo interterritorial, en el que se reúnen los consejeros del área de Bienestar Social con la ministra Jiménez, en el que las comunidades no reclamen más dinero para aplicar la Dependencia. Sin embargo, el citado informe de la Agencia de Evaluación Estatal, criticaba que el consejo territorial prácticamente "se ha limitado a establecer el reparto entre las comunidades" del dinero que destina el Ejecutivo, sin llegar a muchos más acuerdos.

Ahora, el pleno del Tribunal de Cuentas ya ha aprobado la fiscalización de esta ley. Falta determinar los aspectos técnicos que se revisarán. Este año se iniciará el trabajo de campo, es decir, los inspectores del Tribunal deben visitar las administraciones y revisar los documentos. Si se detectaran irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas tiene competencia jurisdiccional para intervenir.

Hoy mismo, el presidente del tribunal, Manuel Núñez Pérez, comparecerá ante la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. Allí se detallará el plan de fiscalizaciones que el tribunal ha previsto para 2010. La Ley de Dependencia será parte de él, y el tribunal lo hace a instancias propias. Quizá se ha abierto el camino para disipar algunas dudas.




El dinero y las obligaciones de cada uno

- Nivel mínimo. El Gobierno aporta un dinero a las comunidades por cada ciudadano con derecho a prestación que se registra en el sistema de la Dependencia. Es el llamado nivel mínimo y corre íntegramente a cargo del Ministerio de Sanidad y Política Social. Su monto está en función del grado y nivel de dependencia del solicitante.

- Nivel acordado.
La segunda pata de la financiación de la Ley de Dependencia es el nivel acordado. El dinero se reparte en esta ocasión atendiendo a unos criterios ya definidos (la población, la insularidad, los inmigrantes retornados). Una parte de él (20%) se condiciona al número de dependientes que ya han sido declarados beneficiarios de ayuda, aunque aún no la estén recibiendo. Las comunidades están obligadas a aportar al sistema de la Dependencia tanto como reciban del Estado en este nivel de financiación. Se desconoce si lo están haciendo. Y también si lo que reciben del Estado lo emplean en la ley.

- Copago. Los ciudadanos se hacen cargo de su bolsillo de una parte del coste del servicio que reciben.
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