Eulàlia Solé

         Ha dicho Pedro Solbes, ministro de Economía, que la implantación de la ley de dependencia de las personas mayores puede poner en peligro el equilibrio presupuestario.

     Según cálculos oficiales, hay 1,2 millones de personas en todo el Estado que sufren una dependencia severa, y otras tantas con dependencias menos agudas. En conjunto, si la ley proyectada entra en vigor, el coste equivaldrá aproximadamente al 0,7% del PIB. Demasiado elevado, al parecer, para atender a los viejos, este sector de la población cuyo incesante crecimiento provoca alarma social.

     Existe un flagrante contrasentido entre los esfuerzos médicos y dietéticos para alargar la vida y la constatación de que, demográfica y socialmente, se considera nocivo que la población mayor de 65 años no cese de aumentar. Más aún, asusta la perspectiva de que, para el año 2020, el 50,1% de los votantes cuenten más de 50 años, ya que, al constituir la mayoría del electorado, podrían dificultar las reformas. ¿Qué reformas? ¿Las de recortar las prestaciones y hacer que tengan una vejez miserable?

     Por un lado, tiene su intríngulis que se incluya a la gente de 65 años en el saco de los viejos, esto por el mero hecho de dejar de pertenecer al rango de población activa. Por otro, lo tiene que en un inmediato futuro los cincuentones empiecen a sobrar. ¿Se trata de que nadie viva tranquilo, ni los mayores actuales ni los jóvenes que pronto dejarán de serlo?

     Medio siglo atrás, en 1948, fue instituida la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Un documento que por sí solo basta para proteger la vida, la salud, la educación y el cobijo de todos los seres humanos. No obstante, en 1989 las Naciones Unidas consideraron oportuno proclamar la Declaración de los Derechos de la Infancia, con el objetivo de señalar con mayor concreción los derechos específicos de los menores de edad. Una declaración a la que nadie, en el área occidental, ha puesto objeciones. Los niños y niñas tienen derecho a la educación, a la salud, a los servicios médicos, a la protección de la familia, cueste lo que cueste y hasta que sean adultos y puedan sostenerse por sí mismos.

     ¿Es justo que a los viejos se les regatee lo que no se les había discutido cuando eran niños? ¿Acaso se puede pasar por alto la contribución realizada a la sociedad durante su vida activa, cuando eran jóvenes, procreaban, trabajaban y cuidaban de su familia?

     Es evidente que se hace necesaria una nueva proclamación universal de derechos, la de los Derechos de la Vejez, a semejanza de la ya existente de Derechos de la Infancia. Sólo así podremos estar seguros de que nadie osará considerar que el derecho a tener una jubilación y unos cuidados dignos hasta el final de la vida sea una carga para la sociedad. No debe importar que la Seguridad Social disponga de un sustancioso superávit, como ocurre en la actualidad, o tenga déficit. Son los presupuestos generales del Estado los que han de financiar los derechos de los ancianos como un capítulo fundamental. A menos que la sociedad entera esté dispuesta a padecer un trato social ignominioso de los jóvenes hacia los viejos, con la consecuente y estúpida repetición al pasar de una edad a otra.

Setembre de 2005 - Eulàlia Solé - La Vanguardia